Por Juan Manuel Jara

Después de meses de idas, vueltas, curvas, contracurvas, reuniones y desencuentros, finalmente la ruralidad nuevejuliense ha llegado a un punto de encuentro y conformó, de hecho, una suerte de Mesa de Enlace local. Sociedad Rural 9 de Julio, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural Argentina, sumados los denominados “cuarteleros”, han firmado una suerte de “pax rural” y acordaron trabajar e ir en bloque cerrado, cual formación de tortuga romana, a negociar frente al municipio el cambio de manejo del mantenimiento de canales y red vial del Partido.

La clave de ésto es la falta manifiesta de confianza hacia la gestión, por hechos acumulados y de público conocimiento. Consultados los referentes de las distintas agrupaciones, todos coincidieron que han dejado de lado las diferencias (que las hay) en pos de lograr el objetivo principal de cambiar la gestión de los caminos rural en 9 de Julio. La base del trabajo es el proyecto presentado el mes pasado por Sociedad Rural local, con modificaciones que saldrán de las deliberaciones y reuniones que ya están teniendo entre ellos. Todos los consultados han resaltado, por un lado, la unidad lograda y por otro la falta de confianza, no solo en la gestión sino en “la política” en general. Y eso, principalmente, es el pegamento que terminó de unirlos.
Esta unidad, la misma que no se logró concretar durante todo el año bajo el agua, surge después de las agridulces sensaciones que dejó en la ruralidad la reunión de hace tres lunes en la cual Gentile les planteó la intención de trabajar el tema del manejo del mantenimiento de caminos y canales rurales, donde también le puso un freno al proyecto de la Rural así como estaba. Claro, largar el control de “la caja” no será tarea fácil.
Con la amenaza latente de la eventual llegada del “Super Niño”, aun con algunos pocos tramos de caminos mejorados, el nivel de confianza marca «subsuelo», la ausencia de un plan concreto de acción, sumado a la falta de maquinaria necesaria y, como dejan traslucir algunos, cierto “des-control” en lo que se refiere al sector de obras públicas, conforman un combo que hace que, esta vez, la ruralidad vaya unida a las reuniones de negociación con el municipio.
El lunes próximo, a las 9:30 horas, será la segunda reunión con el Ejecutivo, convocada por la misma intendente, y la primera a la cual las entidades rurales vayan en formación tortuga romana, con un plan de acción coordinado. Se prevee que Gentile plantee el aumento de la tasa vial. Ya esta semana, la Intendente reunió a los presidentes de cada bloque del HCD para anunciarles la intención de mandar una aumento general de tasas.
Los concejales se miraron entre sí, partaron la pelota, le pidieron información para tratar el tema en comisión y, eventualmente, llevarlo al recinto. Pero en esa relación Ejecutivo-HCD ocurre lo mismo que con la ruralidad: no hay confianza mutua. De hecho, a aquella primera reunión de hace tres semanas, los concejales no fueron invitados (salvo César Garcia, presidente de la bancada oficial) ya que Gentile dijo que queria pasarle lo que se acuerde directamente al HCD para que lo tratase en el recinto (lectura política ya mencionada en otra nota: “yo puse la mejor voluntad, si no lo aprueban es culpa del legislativo”).
Más allá del contexto general, que existe y tiene su cuota parte, el querer aumentar las tasas sin haber mostrado la gestión aun un gesto de austeridad, brindando servicios deficientemente, con un parque vial detonado, en un rojo y descubierto permanente, más todo lo que está a simple vista en la calle, y que sea el vecino, urbano y rural, el que siga pagando “la fiesta” es una película de final previsible y, desde ya, nada felíz.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un plan integral de prevención diseñado para mitigar los posibles daños del denominado «Super Niño». La iniciativa, anunciada por el gobernador Axel Kicillof y que contempla una inversión superior a los 2,3 billones de pesos, busca preparar a los 135 municipios bonaerenses frente a eventuales inundaciones y precipitaciones severas.
Las proyecciones científicas que manejan las autoridades advierten sobre una alta probabilidad de que este evento climático golpee la región con fuerza hacia el final de la primavera y el comienzo del verano. Para hacer frente a este escenario, el gobierno provincial anunció la creación de una mesa interministerial que agrupará las carteras de infraestructura, seguridad, ambiente y salud, con el objetivo de centralizar la gestión del riesgo y mantener una comunicación directa con los gobiernos locales.

Entre las medidas operativas destacadas durante el anuncio, al que asistió la intendente María José Gentile, se encuentra la ejecución de trabajos hidráulicos preventivos y el monitoreo constante de los niveles de las cuencas. A esto se sumará la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas y la ampliación de los sistemas de alerta temprana. En términos de capacidad de respuesta ante emergencias, la provincia confirmó que tendrá a disposición una flota integrada por 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático y 543 vehículos terrestres, además de equipos de drones para realizar relevamientos rápidos en zonas de difícil acceso.
A nivel local, el municipio de Nueve de Julio confirmó que se están llevando a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento de canales, así como obras de alteo en la localidad de French. Estas intervenciones, informaron, son una serie de obras planificadas en distintos puntos del partido, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y proteger la infraestructura urbana y rural antes de que se registren las primeras tormentas intensas.

Integrante de la mesa directiva de la Sociedad Rural de 9 de Julio y ex presidente de la entidad, Nicolás Capriroli se refirió en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) a la situación de infraestructura y caminos rurales, explicando cuál es el estado de situación  del diálogo con el municipio respecto al mantenimiento de la red vial en el distrito, ya que la Sociedad Rural ha manifestado disconformidad con las contraprestaciones del municipio. Capriroli señaló las zonas o cuarteles de 9 de Julio que se encuentran aún hoy en estado más crítico para sacar la producción “a pesar del impasse climático, los caminos de 9 de Julio no soportarían una lluvia grande”. Fue crítico de la gestión municipal al decir que “es, estadísticamente, donde los caminos están peores” y marcó el punto de encuentro al que han llegado con las otras entidades: “trabajamos en poder tener una gestión compartida y poder mejorar la situación de la red vial. Sabemos que no va a ser fácil ni inmediato, pero es un paso que tenemos que dar y trabajamos en eso con Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina”.
Si bien no acuso directamente al municipio por la tasa vial que pagan los productores y que no se estaría destinando correctamente al servicio asignado o que se utiliza para cubrir otros déficits municipales, Capriroli expresó que “nosotros creemos que podemos gestionar mucho mejor”, refiriéndose al proyecto de ordenanza presentado por la entidad que integra y que consiste en la creación de una Comisión Vial Rural con gestión independiente. Su objetivo principal es quitar el mantenimiento de los caminos de la órbita de los cambios políticos de turno y transformarlo en una política de Estado permanente, con un gerenciamiento por concurso.
Sobre el proyecto de ordenanza fue categórico: “es la única opción que tenemos” y agregó “hay antecedentes exitosos y no tan exitosos, todo depende del compromiso de la parte privada, pero primero deberá haber un relevamiento técnico con un equipo de profesionales”.

Ante la emergencia hídrica pasada y el futuro incierto por delante demandó obras de canalización con un listado presentado de canales que funcionaron el año pasado y estimó “muy pobre la respuesta recibida de los tres niveles, municipal, provincial y nacional porque comparando con la contribución en impuestos que hace el productor agropecuario es mínimo lo que devuelve el estado y la respuesta es vergonzosa la que está dando en cualquiera de los niveles”.
Finalmente se refirió a las expectativas y novedades principales que se preparan desde la comisión de la SR9dJ para la próxima edición de la Expo Rural local que será desde el jueves 1 de octubre al domingo 4, con las actividades habituales de la muestra y con espectáculos artísticos nocturnos durante cada una de las jornadas.

Un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) revela que casi el 80% de los productores agropecuarios enfrenta severas dificultades para trasladar sus cosechas debido al pésimo estado de la red vial rural. El relevamiento, que fue realizado en colaboración con Aapresid, el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina, expuso la crisis que atraviesan los establecimientos agrícolas y ganaderos del sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado.
De acuerdo con el diagnóstico, casi cuatro de cada cinco profesionales y productores encuestados definen la condición de los caminos terciarios como deficiente o crítica. Esta falta de mantenimiento provoca interrupciones prolongadas en el tránsito, lo que impide retirar la producción en los momentos oportunos de comercialización y encarece toda la cadena logística.

Impacto económico. sobrecostos y seguridad

Las consecuencias de circular por trazas deterioradas se traducen de inmediato en pérdidas financieras. Cerca del 60% de los productores consultados calcula que las deficiencias viales generan un sobrecosto logístico superior al 10%. Este incremento responde a la combinación de fletes más elevados, demoras operativas y un desgaste acelerado de los equipos de transporte.
El análisis detalla que el estado del terreno incrementan el consumo de combustible entre un 20% y un 30% en comparación con caminos estabilizados. A esto se suma la reducción en la vida útil de los neumáticos y la alta frecuencia de roturas mecánicas en los camiones encargados de trasladar granos y hacienda hacia los puertos y centros de acopio.
Al describir las fallas más comunes en las calzadas de tierra, siete de cada diez participantes denunciaron la existencia masiva de pozos profundos, mientras que un 82% constató deformaciones estructurales en la superficie de rodamiento, lo que eleva el riesgo de accidentes y vuelcos. La seguridad vial en el ámbito rural presenta indicadores igualmente preocupantes. Ocho de cada diez encuestados señalaron una inexistencia total o un deterioro avanzado de la señalización vial. Esta falta de mantenimiento expone a los conductores a situaciones de peligro extremo durante períodos de niebla o lluvias intensas.

El costo social

Argentina cuenta con 500.000 kilómetros de caminos rurales, cifra que representa el 82% de la red vial total del país. A pesar de ser el canal por donde fluye la mayor parte de las exportaciones agroindustriales, su conservación ha sido relegada en la planificación de las políticas públicas a nivel municipal y provincial. El problema supera el plano estrictamente productivo. La imposibilidad de circular de manera continua altera la vida cotidiana de las comunidades rurales, dificultando la asistencia a las escuelas de campo, complicando los traslados ante urgencias médicas y favoreciendo el despoblamiento de las zonas agrarias.

Soluciones conjuntas

Frente a la insuficiencia de los servicios municipales tradicionales, el 70% de los consultados considera indispensable establecer mecanismos de coordinación entre los gobiernos locales y los productores para definir prioridades de intervención. En materia técnica, el 45% señala que la obra más urgente es la estabilización de los suelos mediante tosca o cemento para garantizar la transitabilidad permanente. El dato central del informe refleja la voluntad del sector productivo de involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones. Siete de cada diez productores expresaron su disposición a integrar esquemas de gestión público-privada junto a las autoridades, con el propósito de fiscalizar la asignación de los recursos cobrados por tasas viales y asegurar un mantenimiento eficiente de la red.

Un nuevo estudio epidemiológico puso números a algo que varias comunidades rurales vienen denunciando hace años: vivir cerca de campos pulverizados con agroquímicos afecta la salud reproductiva y endócrina de las mujeres. La investigación, publicada en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, analizó nueve localidades de la región agroindustrial de Santa Fe y encontró que, entre 2008 y 2018, la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre se multiplicó por 2,4 y la de hipotiroidismo por 2,5 en las mujeres que residen a menos de 400 metros de los campos pulverizados.
El trabajo se apoyó en una muestra de 6.497 mujeres de entre 18 y 70 años, que reportaron sus antecedentes de embarazos y de tratamientos por hipotiroidismo. De los 2.870 embarazos relevados en el período, 369 (el 13%) terminaron en pérdida gestacional —285 en el primer trimestre, 59 en el segundo y 25 en el tercero—. Los autores también hallaron que las mujeres con hipotiroidismo tienen un 40% más de probabilidades de sufrir un aborto espontáneo temprano que las que no lo padecen, y que ambos indicadores crecieron siguiendo un mismo patrón temporal a lo largo de la década estudiada.

Detrás del estudio está el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que lo elaboró junto a investigadores de la UBA, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, a partir de datos relevados en los campamentos sanitarios de la carrera de Medicina de la UNR. Su director, Damián Verzeñassi, lo enmarca como continuidad de un trabajo de 2023 que ya había detectado mayor incidencia de cáncer y mortalidad en las mismas poblaciones fumigadas, y resume el hallazgo con una frase: «Existe un patrón de daño definido». Para Verzeñassi, el estudio expone el costo sanitario de un modelo productivo que sigue sin hacerse cargo de sus consecuencias. La conclusión del equipo de investigación es directa: los químicos que sostienen el agronegocio ya no solo generan controversia ambiental, sino un problema de salud pública documentado y, según sostienen, cada vez más difícil de negar.

El sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre la vulnerabilidad del territorio frente al pronóstico de un fenómeno de El Niño intenso. Con los suelos ya saturados y las napas altas tras las precipitaciones de los últimos meses, las entidades rurales reclaman mayor velocidad en las obras de infraestructura hídrica y en el mantenimiento de los caminos. Pablo Ginestet, presidente de CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresó la preocupación del sector con un contundente «estamos muy preocupados», expresado en declaraciones periodísticas.
Los informes oficiales estiman una probabilidad superior al noventa por ciento de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte, situando entre la primavera y el cierre del año el periodo de mayor riesgo por lluvias extraordinarias. Sin embargo, el principal motivo de inquietud no es solo el volumen de agua esperado, sino la nula capacidad de absorción que presenta actualmente el terreno bonaerense.
Desde la (CARBAP) señalaron que distritos como Henderson, Carlos Casares, Nueve de Julio y Pehuajó ya registran anegamientos y falta de piso debido a que las napas continúan elevadas por inundaciones previas. Monitoreos provinciales confirman que los suelos con alta capacidad de infiltración prácticamente han desaparecido, lo que transformaría cualquier precipitación intensa en escorrentía superficial inmediata.
A este escenario se suman los cuestionamientos del sector productivo sobre la falta de respuestas preventivas para las zonas rurales. Las entidades criticaron que los planes de contingencia actuales priorizan los cascos urbanos y advirtieron sobre los retrasos históricos en obras estructurales clave, como la regulación del río Salado. Asimismo, reclamaron que los municipios no aprovecharon el verano ni el otoño para realizar tareas de mantenimiento en los caminos de tierra, fuertemente castigados el año pasado.
Por su parte, desde el Gobierno provincial defendieron las gestiones en curso y destacaron que continúan las tareas de saneamiento hídrico mediante el sistema de horas máquina. A su vez, recordaron que existen proyectos regionales de infraestructura proyectados por más de doscientos cuarenta mil millones de pesos destinados a mitigar el impacto climático en la producción agropecuaria.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires presentó el informe de auditoria en relación a la rendición de cuentas municipales del período 2025 (Expediente N.º 3-082.0-2025, Municipalidad de 9 de Julio, Ejercicio 2025). Desde EXTRA Digital presentamos una serie de informes analíticos de los datos y consideraciones expresadas por dicho Tribunal en relación a las arcas y usos de recursos municipales durante el 2025.

Por Redacción Extra Digital

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires puso la lupa sobre el manejo de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal durante el ejercicio 2025. El primer gran cuestionamiento institucional gira en torno a la falta de reglamentación del Fondo de Inversión en maquinarias viales. Según la Ordenanza Fiscal N.º 7330/2025, el Departamento Ejecutivo municipal tenía la obligación de reglamentar en el año en curso la creación de dicho fondo, el cual debía nutrirse directamente con los recursos provenientes del cobro de la Tasa de Red Vial. Esta herramienta es vital para garantizar que el dinero aportado por los productores y vecinos del ámbito rural se reinvierta efectivamente en equipos para el mantenimiento de los caminos.
No obstante, la realidad documentada dista mucho de las exigencias normativas. Ante el requerimiento formal de los auditores de la Delegación Zonal para acceder a dicha reglamentación, la respuesta oficial fue insatisfactoria.
A mediados de marzo de 2026, el sistema de bidireccionalidad arrojó una escueta leyenda de contestación sin adjuntar absolutamente ninguna documentación que avalara la existencia o regulación del fondo. Esta falta de transparencia administrativa llevó al Tribunal a formular una observación formal, señalando como responsable prima facie a la propia Intendente Municipal, María José Gentile. La ausencia de un marco regulatorio claro para el fondo de inversión impide trazar el destino exacto de la recaudación de la tasa vial.

El segundo eje de conflicto, quizás el más perjudicial para las arcas municipales en términos estrictamente financieros, radica en la preocupante inacción legal respecto al cobro de las deudas por esta tasa. El informe oficial detalla una serie de juicios iniciados contra contribuyentes morosos que han quedado virtualmente paralizados en los estrados del Juzgado de Paz de Nueve de Julio.
El Tribunal de Cuentas advierte severamente  su informe que esta inercia prolongada por parte de las autoridades y los representantes legales del municipio trae el riesgo de la prescripción definitiva del crédito fiscal o la caducidad de la instancia, lo que significaría una pérdida irrecuperable de recursos para la comuna. Por estas graves omisiones, el organismo de control apuntó las responsabilidades hacia la cúpula ejecutiva y legal del municipio, incluyendo a la Intendente Gentile, la Asesora Legal y Técnica Miriam Lorenzo y el Director de Gestión Judicial Pedro Juan Rebottaro.
El panorama expuesto por la auditoría sobre la Tasa de Red Vial en Nueve de Julio durante 2025 dibuja un escenario de preocupante desidia. Por un lado, la gestión falla en transparentar la normativa de los fondos recaudados destinados a maquinarias, y por el otro, demuestra una ineficacia judicial notable para recuperar el dinero adeudado por los contribuyentes morosos.
La problemática de caminos y canales rurales del Partido de 9 de Julio sigue teniendo una zona gris y conflictiva en cuanto al uso efectivo de lo recaudado por una tasa retributiva que, en los hechos y ante el reiterado y extendido reclamo de la ruralidad, hace tiempo que no viene teniendo por parte del estado municipal la contraprestación que este tributo acarrea.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un programa especial destinado a regularizar diversas obras hidráulicas que fueron construidas sin los permisos correspondientes dentro de la cuenca del Río Salado. La iniciativa, que impacta directamente en los municipios de la cuarta sección electoral y otras regiones del noroeste bonaerense, busca legitimar los denominados «canales clandestinos» que, pese a su irregularidad administrativa, cumplen un papel esencial en el manejo de excedentes hídricos en zonas rurales.
La medida, comunicada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se fundamenta en la necesidad de resolver una problemática histórica derivada de la particular topografía de la región, donde la ausencia de una red de drenaje natural completa obligó a productores y gobiernos locales a desarrollar sistemas artificiales a lo largo de los años. Según la información difundida por la agencia DIB (Diarios Bonaerenses), la decisión responde a planteos realizados por autoridades municipales durante 2025 ante las dificultades de gestión y mantenimiento que presentaban dichas obras al no contar con autorización bajo el Código de Aguas vigente.

El procedimiento de regularización se estructura en tres fases. En primer lugar, el municipio debe solicitar una instancia de no objeción ante el Comité de Cuenca correspondiente. Posteriormente, se debe presentar la documentación técnica ante la Autoridad del Agua (ADA) para obtener un Certificado de Incorporación al Programa. Finalmente, se procederá a la aprobación técnica final, permitiendo que las obras se mantengan operativas ya sea sin cambios o mediante las adecuaciones necesarias, cuya ejecución correrá por cuenta de los municipios solicitantes.
La nueva normativa contempla además una salvaguarda para aquellas intervenciones que ya enfrentaban procesos legales por clandestinidad, los cuales quedarán en suspenso mientras se tramite la regularización en el nuevo programa. Asimismo, el Gobierno bonaerense habilitó la posibilidad de que los municipios promuevan la creación de Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas para gestionar la operación y el mantenimiento de las obras, buscando así que estas sigan cumpliendo su función de drenaje bajo un marco legal definido.
La implementación inicial se centrará en las subregiones A2, A3 y B3 de la cuenca, con la posibilidad de extenderse a todo el territorio provincial. La  A2 incluye a 9 de Julio además de Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Carlos Tejedor, 9 de Julio y Bragado. La A3 a Carlos Casares, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Daireaux, Pehuajó, Bragado y Lincoln. Mientras que B3 incluye a comunas como Roque Pérez, Olavarría, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué.

Un grupo de productores agropecuarios del partido de General Guido ha judicializado su reclamo contra la administración municipal encabezada por el intendente Carlos Rocha. Los demandantes acusan una grave falta de mantenimiento en la infraestructura vial rural y exigen una rendición de cuentas exhaustiva sobre los fondos recaudados mediante la Tasa de Red Vial. Así, llevaron su reclamo al Fuero Contencioso Administrativo con sede en Dolores.
El eje del conflicto radica en la disparidad percibida entre la presión fiscal que sufren las explotaciones rurales y la contraprestación efectiva en obras y conservación de caminos. Las constantes subas tributarias aprobadas en las sucesivas ordenanzas tarifarias municipales han incrementado el malestar de los contribuyentes, quienes sostienen que las arterias secundarias y terciarias del distrito se encuentran intransitables durante gran parte del año.

En el escrito judicial presentado ante el fuero administrativo, los demandantes solicitaron expresamente que la Municipalidad de General Guido detalle de manera precisa y documentada la totalidad de los recursos financieros percibidos bajo el concepto de Tasa de Red Vial. La petición exige un desglose minucioso de cómo han sido ejecutados dichos fondos en el transcurso de los últimos tres años.
Asimismo, los productores requieren un inventario oficial de las obras públicas realizadas en la red vial del distrito en dicho período, especificando la cantidad exacta de kilómetros intervenidos y el tipo de tareas ejecutadas. La demanda busca esclarecer además el destino de fondos provenientes de partidas provinciales o nacionales asignados específicamente a la infraestructura rural, sobre los cuales los querellantes aseguran no tener constancia clara de su correcta aplicación.

Un punto del planteo legal impugna el criterio de cobro fijado por las autoridades municipales, el cual se fundamenta en la cantidad de hectáreas de cada propiedad sin considerar las variaciones objetivas en la prestación del servicio. Para los productores, esta metodología desvirtúa la naturaleza jurídica de una tasa municipal, la cual exige constitucionalmente un servicio concreto e individualizado como contrapartida. Como medida subsidiaria, la presentación exige al municipio el reintegro de los importes abonados en exceso por los contribuyentes o, en su defecto, que la liquidación de las tasas retroceda a los valores estipulados en la Ordenanza Fiscal 2023. Los demandantes exigen que cualquier readecuación futura se base en parámetros ponderados de razonabilidad y responda a criterios estrictamente no confiscatorios.

Más allá de las pérdidas económicas directas relacionadas con la logística agropecuaria y el transporte de hacienda o granos, el escrito judicial visibiliza las dramáticas consecuencias sociales que provoca el abandono de los caminos interiores. El estado crítico de las vías de circulación impide el normal funcionamiento del sistema educativo rural, provocando la interrupción recurrente de clases debido a la imposibilidad de docentes y alumnos de arribar a los establecimientos escolares. Del mismo modo, los vecinos del distrito alertan sobre los severos riesgos para la salud pública. La intransitabilidad de los caminos dificulta el ingreso de ambulancias y la asistencia oportuna ante emergencias médicas en las fincas rurales. Esta situación vulnera las condiciones básicas de vida de las familias que residen y trabajan de manera permanente en el medio rural bonaerense.

El pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores definirá los alcances de la responsabilidad municipal respecto al mantenimiento de la infraestructura básica y sentará un precedente relevante para la fiscalidad local en la provincia de Buenos Aires. Mientras la causa avanza en los tribunales, los productores de General Guido ratifican su decisión de mantener el reclamo formal hasta obtener respuestas concretas que garanticen la transitabilidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Por Redacción Extra Digital

El campo nuevejuliense empezó a jugar al ajedrez, y sobre el tablero hay más piezas que las que se ven. A primera vista, la jugada de apertura la hizo la Sociedad Rural con su proyecto de Comisión Vial autónoma, entregado en mano a los cinco presidentes de bloque. Pero la partida venía de mucho antes, y quien se encargó de recordarlo fue la Federación Agraria. Su presidenta local, Patricia Gorza, pasó por «Temprano para Todo» (Supernova 97.9) y aplaudió la iniciativa de la Rural con un entusiasmo que traía memoria adentro. Dijo que la celebraba «muchísimo» porque «a las instituciones y las personas les cuesta mucho cambiar de opinión», y recordó que durante las reuniones de emergencia de todo el año pasado la postura de la Rural era rechazar este tipo de herramienta, al punto de que, según la propia Gorza, la intendenta Gentile les había manifestado en varias oportunidades que antes de la inundación el municipio había propuesto armar algún sistema y la Rural siempre se había opuesto. El elogio, como se ve, venía con espinas. En la política de las entidades también existen los abrazos que acomodan al abrazado en el lugar exacto donde uno quiere que quede.
Porque la Federación Agraria juega su propia partida, y con otro reloj. La filial local presentó el 12 de mayo, por expediente 342, un pedido de mesa de trabajo formal, con actas, todos los bloques y todos los actores de la ruralidad, para un problema que acumula dieciocho meses. La nota quedó estancada en comisión, el 17 de julio reiteraron la presentación y esperan respuesta en la próxima reunión de la comisión de obras públicas. Gorza fue quirúrgica al describir el estancamiento. De palabra está todo bien, dijo, pero en la formalidad la voluntad política no aparece, «ni del Ejecutivo ni de los concejales en general». Y deslizó una hipótesis que en la trastienda del HCD debe haber hecho ruido: lo que molesta de la formalidad es que las cosas dejan de quedar en el aire, y lo que no queda en el aire obliga a asumir compromisos que a lo mejor no todos están dispuestos a asumir.

Las diferencias entre las dos entidades rurales son más profundas de lo que sugiere la coincidencia en el diagnóstico. La Rural llegó con una ordenanza terminada, inspirada en Benito Juárez, con comisión autónoma y gerente por concurso. La Federación sostiene que no se puede copiar el modelo de un distrito con otra realidad financiera, advierte contra la creación de burocracia innecesaria con la figura del gerente, y pone sobre la mesa el dato que ningún articulado resuelve por sí solo. El parque vial del distrito requiere una inversión de unos cinco millones de dólares en maquinaria, el municipio carece de acceso al financiamiento tradicional y ni siquiera cuenta con una carpeta sólida para salir a buscarlo. Sin resolver eso, dicen en la Federación, cualquier cambio será cosmético y terminará en frustración. También señalan las sillas vacías de la propuesta rural, las cooperativas de servicios, la educación, la salud, la patrulla rural, el transporte y los acopios, actores sin cuyo compromiso ningún cambio estructural camina.
El cuadro deja al oficialismo en una posición curiosa. Su mejor carta defensiva es el recuerdo de que alguna vez propuso un sistema y el campo lo rechazó. Pero jugar esa carta obliga a admitir la pregunta incómoda de por qué aquel interlocutor que decía que no hoy prefiere administrar la caja por su cuenta, y por qué el que solo pedía una mesa lleva casi tres meses esperando que se la armen. Ninguna de las dos respuestas favorece al Ejecutivo, y el silencio tampoco, porque agosto llega con dos expedientes en el Concejo, dos entidades movilizadas y un solo tema del que ya nadie puede bajarse. Las miradas ahora están esperando la jugada de la próxima reunión de la comisión de obras públicas. Ahí se sabrá si el Concejo entendió que el reloj de la partida ya está corriendo, y que en este juego la pieza que no se mueve también comunica.

Pablo Ginestet, representante de la Sociedad Rural de Henderson, es el nuevo presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) para el período 2026-2028. Con este recambio, el mando de la mayor confederación ruralista de la región pampeana permanece en manos de un dirigente del noroeste bonaerense, tras suceder en el cargo a Ignacio Kovarsky, referente del distrito de Trenque Lauquen, confirmando la continuidad del liderazgo político-territorial concentrado en la Cuarta Sección Electoral bonaerense.
La designación de Ginestet responde a una estrategia de la institución para incorporar cuadros jóvenes a la toma de decisiones. Lejos de marcar un quiebre, el nuevo esquema directivo promueve una transición ordenada donde las figuras salientes permanecen ligadas al núcleo de conducción. En este nuevo esquema, Ignacio Kovarsky, presidente saliente, asumirá el rol de secretario de la Mesa Ejecutiva, garantizando un traspaso de mando fluido y la conservación de la línea técnica y política desarrollada en los últimos años. De acuerdo con el pronunciamiento oficial emitido por la confederación, la nueva directiva combina experiencia territorial con una marcada apertura a liderazgos emergentes de diversas zonas rurales.

El recambio institucional también implicó la estructuración de un equipo directivo con amplio alcance geográfico dentro de la zona de influencia de la entidad. La vicepresidencia primera quedó a cargo de Sergio Melgarejo, dirigente de la Sociedad Rural de San Cayetano, mientras que las prosecretarías fueron asignadas a Alejandro Reinoso, de la Asociación Rural de Chascomús, y a Mariano Moro, de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina. Por su parte, Santiago Alem, representante de la Sociedad Rural de Olavarría, asumió la protesorería. El presidente saliente, Ignacio Kovarsky, valoró el ejercicio democrático interno y señaló que la rotación de roles consolida la salud institucional de la organización gremial en un contexto económico y productivo desafiante para los productores pampeanos.
La hegemonía de la Cuarta Sección Electoral en la conducción de CARBAP refleja el protagonismo de los distritos del noroeste bonaerense en la agenda agropecuaria regional. Municipios como Henderson, Trenque Lauquen, Pehuajó, Lincoln y Junín constituyen el núcleo de una de las zonas con mayor densidad productiva agrícola-ganadera del país. Al consolidar su conducción en esta región, CARBAP reafirma su posicionamiento como interlocutor central frente a los gobiernos provinciales de Buenos Aires y La Pampa, así como ante las autoridades nacionales, en debates cruciales referidos a presión impositiva, infraestructura vial rural y políticas de fomento al sector.

Tiene 9 años y Félix Vizgarra ya sabe lo que es lucirse con su caballo en la pista central de Palermo. Lo hizo montando su petiso argentino, un moro cabeza negra y mal no le fue: Primer premio en la categoría Principiantes de Petisos de Campo, Segundo Premio en Concurso de Silla y un quinto lugar en Morfología. Félix estuvo en dialogando con Marta Campelli en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) sobre esta linda experiencia. Lo hizo acompañado de su papá Fernando.
Tranquilo y muy seguro de lo suyo, el joven jinete contó que «poco a poco lo fui (al petiso) preparando para poder disfrutar y pasarlo lindo». Respecto al aclimatamiento de su animal dijo que «los primeros dias el petiso no encontraba su lugar, no estaba tan bien. Yo lo único que pensaba era que estaba en el campo y salieron bien las cosas». Fue su primera vez en Palermo y para Félix un sueño cumplido. La preparación arrancó a fines de marzo, principios de abril: «Yo hice lo que ya sabía hacer pero lo perfeccioné porque habia cosas que me contaban». Pero ya sabía lo que es ganar porque, en una participación en Saladillo, obtuvo el primer premio en su categoria.

El apoyo familiar es muy importante, su mamá, Patricia Josserme, y su papá Fernando están felices por lo que hace el pequeño de la familia. Ignacio cuenta que «a los tres meses lo subió mi hermano a un caballo en el campo. A los tres años desfiló solo a caballo en Bragado. Los caballos son un tema familiar. Me gustan los caballos. Y todo esto llevó una preparación. Detrás de todo esto hay mucha gente para ponerlo a punto. Esto fue medio camperon lo nuestro, ahora nos preparaemos mejor para «Nuestros caballos» en marzo. Y en noviembre Félix va participar de una marcha de resistencia en Bragado, organizada por la familia Vaccarezza«. Y por supuesto, también serán parte de la próxima Fiesta Nacional del Caballo.
Pronto llegará el momento de cambiar de monta porque el jinete crece. Pero Félix está contento y enfocado en seguir con su pasión, que son los caballos. «Para ir a la escuela es una lucha pero para ir al campo es el primero que arranca«, dice su papá Ignacio.

El jefe de distribución de la Cooperativa Eléctrica de French Ltda. Fabricio Bonello, habló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Durante la entrevista ratificó el anticipo de los dirigentes de la Federación Agraria Argentina (filial 9 de Julio), la presidenta Patricia Gorza y el vicepresidente Kevin Shanly el viernes pasado en este mismo programa, que, ante el pronóstico de fuertes lluvias y vientos para los próximos meses, la Cooperativa no podrá reparar las líneas de energía que resulten dañadas.
“Seguimos en alerta por la crisis hídrica. Aunque la situación es menos grave que el año pasado, aún hay zonas con agua y riesgo de empeorar si llegan lluvias fuertes. Hemos hecho mantenimiento y monitoreamos con drones, notando que algunas áreas tienen más agua, posiblemente por napas. Estamos atentos y preocupados, esperando respuestas y preparados ante posibles complicaciones climáticas” dijo Fabricio Bonello, que el año anterior ya había descripto la dramática situación de reparar líneas caídas debiendo trasladarse por enormes espejos de agua en botes.

Bonello explicó que el área de cobertura de la Cooperativa Eléctrica de French “es una zona amplia y con grandes lagunas que dificultan el mantenimiento de las líneas eléctricas, ya que el agua corta caminos y las aves provocan cortes al chocar con los cables. No ha habido mejoras: el agua sigue estancada, los caminos intransitables y dependemos del clima para que baje el nivel. La situación al norte de French es similar, aunque menos complicada, pero las napas están muy altas y dificultan los trabajos”.
Fabricio Bonello sabe que en la Cooperativa “somos pocos, pero estamos preparados para todo tipo de tareas, desde tomar estado hasta reparar líneas o poner postes, cubriendo una zona rural muy amplia. Las crisis más difíciles fueron en 2001 y el año pasado, pero estamos acostumbrados a enfrentar situaciones complicadas y la gente lo entiende. El dron nos ayuda mucho a detectar fallas, y siempre buscamos mantener el servicio funcionando”.