Por Carlos Graziolo

La Federación Agraria Argentina (FAA) realizó este sábado 2 de mayo una reunión estatutaria itinerante con representantes de las filiales del «Distrito 9», acompañando especialmente a la nueva filial de 9 de Julio. Estuvieron presentes las máximas autoridades nacionales de la entidad, Andrea Sarnari, presidente y el vice presidente segundo Claudio Angeleri. Se debatieron temas nacionales y la problemática del exceso de lluvias, gestionando tanto a nivel provincial como nacional. “La situación de los pequeños productores es complicada porque el gobierno prioriza la macroeconomía sobre la micro, aunque seguimos gestionando y dialogando para mejorar la situación, especialmente en lo hídrico”, dijo el vicepresidente segundo Claudio Angeleri.

Residente en 25 de mayo, Angeleri dialogó con Extra Digital y dijo: “Es una reunión que estatutariamente tenemos que cumplir cada 2 meses y en esta ocasión acompañando a su presidente, Patricia Gorza, y a todos los integrantes de la filial que están representandos, delegados de las filiales de las distintas entidades de base que tenemos en este distrito”
La Federación Agraria todavía integra la mesa de enlace: “Esa Mesa de Enlace está trabajando permanentemente y estamos en comunicación con todos los dirigentes, con los presidentes y hacemos reuniones periódicas y concurrimos muchas veces a reuniones a nivel nacional y a nivel provincial. También está la mesa de enlace provincial.”

Extra Digital – ¿Y qué resultado vienen observando y en qué situación están los pequeños y medianos productores que representa Federación Agraria con respecto a las políticas del gobierno nacional?

Claudio Angeleri – La verdad que es un es una situación complicada; siempre lo fue en todos los gobiernos que se vienen sucediendo, porque el pequeño productor es el eslabón productivo más golpeado, por la escala que producimos. Se hacen gestiones, y el gobierno está escuchando. lo que pasa es que, tienen una política hoy que están viendo la macro y no la micro, y eso nos preocupa y mucho, pero, estamos dialogando y gestionando cosas como es ahora en este caso, que estamos hablando también del tema hídrico de esta zona de obras que se han discontinuado y reiniciado en forma lenta (Cuenca del Salado) que traería soluciones al escurrido rápido

ED – ¿Qué opinión le quedó de esa reunión con la entonces ministra Patricia Bullrich y de los resultados, posteriores?

CA – En ese momento la ministra hizo anuncios que con la magnitud del agua que había en esta zona fueron escasos, dieron resultados parciales, pero, eso no fue algo definitivo, y hoy están sufriendo las mismas consecuencias que esos 11 meses de padecimiento, y la verdad, que estamos poniendo foco en eso. En las últimas reuniones que tuvimos con la Secretaría de Agricultura de Nación volvimos sobre sobre el tema y la necesidad de avanzar en ello.

ED – ¿Quedan todavía pequeños productores o arrendatarios, como fue el al nacimiento del Grito de Alcorta en 1912 que dio origen a la creación de la Federación Agraria Argentina, ¿Queda esa figura todavía?

CA – No, la figura esta aggiornada los tiempos que corren, cada vez menos. En la década del 90, desaparecieron más de 100 mil productores, y vemos que año a año, cada vez productores de baja escala van desertando de lo que es la producción agropecuaria. Existe la figura, pero en menor cantidad. Pero es una figura que somos muchos, los que producimos poco dentro del volumen que se produce a nivel nacional, tanto de granos como como de ganadería, pero que somos un actor fundamental para los pueblos del interior, Que generamos arraigo, generamos movilidad económica en los pueblos del interior. Obviamente, no somos los únicos, sino con la parte comercial y la parte industrial, pero somos un eslabón fundamental, y la FFA desde 1912, que se arroga la representación de los pequeños y medianos productores, aquellos que producen a baja escala.

Para Angeleri las obras del plan maestro de la cuenca del Salado avanzan muy lento y no alcanzan para resolver los problemas de inundaciones. La parte provincial está licitada, pero explica que  “llevará mucho tiempo (700 días). Las ayudas nacionales han sido insuficientes y la situación sigue complicada, con fondos frenados y obras auditadas, lo que agrava el riesgo ante nuevas lluvias. Tiene que haber una fuerte impronta, con políticas públicas que respalden al pequeño productor”.

Consultado sobre el universo de adherentes a la FAA expresó: “Los pequeños productores cada vez son menos, pero seguimos siendo clave para el interior. Necesitamos políticas públicas que nos respalden y seguimos luchando”.

Por Carlos Graziolo

Andrea Sarnari, presidente de la entidad a nivel nacional, encabezó la reunión de la Federación Agraria Argentina en 9 de Julio. Luego del encuentro dialogó con Extra Digital. Sarnari es la primera mujer en conducir una entidad históricamente liderada por hombres. “Aunque en la FAA cada vez se ven más federadas mujeres, y también es la primera vez que en la Mesa de Enlace hay una presidenta mujer”, destacó.

Extra Digital – ¿Cómo es la relación en la Mesa de Enlace, donde ustedes representan al pequeño productor o arrendatario, frente a entidades que expresan intereses de mayor escala?

Andrea Sarnari – Siempre decimos que dentro de la caja de herramientas gremiales que tenemos para mejorar las condiciones de nuestros productores, una de esas herramientas es la Mesa de Enlace. Hay temas que son transversales a todos. Es cierto que tenemos un origen histórico enfrentado, por ejemplo, con la Sociedad Rural Argentina, pero eso forma parte del pasado. Hoy el sujeto agrario ha cambiado muchísimo. Antes, el pequeño productor federado era quien no podía acceder a la tierra. Hoy eso ya no es tan así. Existen arrendatarios con poder económico y escala importante. Y también hay productores propietarios con muy poca superficie, a quienes les cuesta alcanzar escala productiva. Ese cambio hace que el vínculo con las otras entidades, que también atraviesan transformaciones similares, sea útil en temas comunes: cuestiones hídricas, impositivas, sanitarias, tanto vegetal como animal. Son problemáticas que nos atraviesan a todos. Por supuesto, hay diferencias en la mirada o en las soluciones, pero esas diferencias enriquecen la construcción, siempre dentro de un debate institucionalizado y con respeto entre las cuatro entidades. Cuando no coincidimos, cada uno sigue su camino. Pero cuando logramos acuerdos en temas centrales, actuamos en conjunto y eso nos da mucha más fuerza.

ED – En términos sociales, ¿cómo ha cambiado el productor agropecuario?

AS – Somos bastante parecidos los chacareros de la pampa húmeda en términos de idiosincrasia, pero la realidad cambió. Hoy hay muchos menos que viven en el campo. Desde la FAA hablamos mucho del arraigo, y el desarraigo rural es una de las grandes transformaciones estructurales del país. Tiene causas concretas: malos caminos, falta de electricidad, de conectividad, de escuelas, de servicios de salud. Todo eso empuja a la gente a irse. Hoy la mayoría reside en pequeños pueblos, y eso también cambia nuestra mirada. Ya no pensamos solo en el productor que vive en el campo, sino en toda la población rural.

ED – ¿Son escuchados cuando plantean estas problemáticas?

AS – En algunos lugares sí, en otros no tanto. Es un trabajo permanente. Sobre todo, trabajamos mucho con los gobiernos locales y provinciales, porque son quienes tienen contacto directo con el territorio y entienden la importancia de sostener el tejido socioproductivo. A nivel nacional cuesta más que se comprenda esa importancia. Hace tiempo que venimos señalando que no se dimensiona lo que significa ese entramado para la vida de los pueblos. El proceso de desarraigo es claro: el joven se va del campo al pueblo, y luego del pueblo a la ciudad. Es un camino difícil de revertir. Primero, el chico que termina la primaria se va a hacer la secundaria al pueblo; detrás va la madre, y luego el padre. Y esa familia que estaba arraigada deja de estar en el campo. Después ese joven se va a la ciudad en busca de oportunidades, porque no las encuentra ni en el campo ni en su pueblo. Por eso hay que generarlas. Siempre digo que, para que a mis hijos les guste el campo, no alcanza con transmitir amor por la actividad. También tengo que demostrar que es rentable, que permite crecer y desarrollarse. Si eso no sucede, las oportunidades se buscan en otro lado.

ED – ¿Cómo es hoy el diálogo institucional?

AS – Tenemos canales de diálogo con todos los gobiernos: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chaco, y en general con todas las provincias. También a través de nuestras filiales mantenemos un vínculo muy fuerte con los gobiernos locales, que son los que reciben en el día a día los problemas concretos.

ED – Dentro de un país tan diverso, ¿dónde están hoy las situaciones más complejas?

AS – Cada región tiene su particularidad, y todas son complejas. Pero hoy las economías regionales están en una situación mucho más difícil que la pampa húmeda. Hablamos del arroz, la yerba mate, la vitivinicultura, el algodón, la ganadería ovina. Son actividades que atraviesan una crisis profunda.

ED – ¿Qué expresan los dirigentes de esas regiones?

AS – Hay mucha preocupación. Estamos trabajando intensamente porque los pequeños productores —que son la base de representación de la FAA— en muchas economías regionales ya no pueden sostener la actividad. Son producciones con alta demanda de mano de obra y costos muy elevados: gasoil, fertilizantes, insumos. A eso se suman precios estancados. En algunos casos influye la importación desde países vecinos; en otros, la caída del consumo interno. Todo eso configura una situación muy crítica.

ED –¿Cuáles son hoy los principales desafíos de la FAA?

AS –El desafío más importante, a largo plazo, es reconstruir un tejido socioproductivo rural fuerte, con mayor presencia en el territorio, y que el campo reciba lo que tanto ha aportado al país. Queremos que las familias productoras puedan vivir con dignidad en el campo. En el corto plazo, el objetivo es sostener a los productores en un contexto de crisis. Hoy la prioridad es que puedan seguir produciendo.

El miércoles llegó a 9 de Julio un convoy con tres camiones cargados con tubos, más una retro pala chica, una pisadora, otra pala cargadora, a lo que se le suma, en breve, una retroexcavadora que está en taller y, en lo próximos días estará operativa.
Todo fue descargado en Los Toribios, que prestó el lugar estratégico, frente al CEPT 15 Paraje El Chajá. Este envío es el resultado de la reunión que, hace casi un mes, tuvieron Patricia Gorza y Kevin Shanly, de la filial local de Federación Agraria, con el Ministro Katopodis en su segunda vista a 9 de Julio. (ver la nota www.semanarioextra.com.ar/la-redencion-de-katopodis/)

Los compromisos asumidos en aquel encuentro en la casa de Shanly tuvieron su resultado concreto en este envío, el primero de tres. Ahi el ministro los puso en contacto con las cúpulas de Infraestructura, Hidráulica y Vialidad con lo cual se armó un plan de trabajo para la recuperación de cerca de 160 kilómetros en la zona de El Chajá, Bacacay, 12 de Octubre y el deslinde con Carlos Casares, en un plazo que va desde mayo hasta noviembre. Todo esto, equipos y el plan, queda bajo la estricta y exclusiva órbita del equipo de Vialidad que comanda Hugo Gervasio.
La retro conseguida, fue enviada por Hidráulica desde Ensenada. Varios productores se hacen cargo de un arreglo que hay que hacerle (ya está en taller) y, a  cambio, va a prestar servicios en la zona durante un año.
Ante el panorama de pocas respuestas concretas, la insistencia tiene su recompensa. Quizás no alcanza para todo el Partido, pero es un alivio concreto, directo y gestionado por productores y dirigentes que, además de llegada a las puertas indicadas, han tenido la voluntad de ir más allá. El resultado de todo eso hoy ya está en 9 de Julio.

La Sociedad Rural de 9 de Julio solicitó formalmente el relevo inmediato del ingeniero Nicolás Battistela al frente de la oficina de Hidráulica regional. La entidad fundamenta su pedido en una gestión que califica de ineficiente, señalando que la falta de mantenimiento técnico y la ausencia de regularización de las obras hídricas desde 1990 fueron factores determinantes en las graves inundaciones sufridas el año pasado.
Esta demanda de cambios coincide con una advertencia de «extrema gravedad» presentada, en otra carta, dirigida a la Intendente Gentile por el deterioro de la red vial. Según la organización, el 70% de los caminos rurales se encuentra actualmente intransitable, una situación que amenaza con paralizar el inicio de la cosecha y condicionar severamente el ciclo productivo 2026/2027.

El sector agropecuario denuncia que este escenario era evitable, ya que desde agosto de 2025 se emitieron alertas técnicas sobre la necesidad de intervenir antes del cierre de la ventana de trabajo en noviembre. Sin embargo, los productores sostienen que las advertencias fueron desestimadas en favor de debates políticos, derivando en una inacción que hoy pone en riesgo la economía de la comunidad frente a los pronósticos climáticos desfavorables.

Lo que comenzó como una queja aislada en el interior de la provincia de Buenos Aires se ha transformado en un movimiento legal coordinado que amenaza con poner en jaque las arcas de múltiples municipios. Productores rurales de otros 16 distritos manifestaron su intención de recurrir a la Justicia para denunciar el estado de abandono de los caminos rurales, argumentando que las tasas que pagan por su mantenimiento no se traducen en obras concretas.
Esta escalada del conflicto surge tras el precedente sentado en distritos como Azul, donde la Justicia comenzó a fallar a favor de los contribuyentes rurales. El eje de la disputa radica en la naturaleza jurídica de la «tasa vial»: a diferencia de un impuesto general, una tasa debe representar la contraprestación de un servicio efectivo. Según denuncian los productores, el dinero recaudado se desvía habitualmente para cubrir gastos corrientes de las municipalidades, mientras que la red secundaria y terciaria de caminos se vuelve intransitable durante las épocas de lluvia o cosecha.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha seguido de cerca este proceso, que refleja un malestar profundo en el sector agroindustrial. Los productores sostienen que la falta de infraestructura adecuada no solo incrementa los costos logísticos para retirar la producción de granos y ganado, sino que también afecta la vida cotidiana de las comunidades rurales.
El frente judicial que se está gestando incluye a distritos de peso en la economía provincial, donde las asambleas de productores han decidido dejar de lado las mesas de diálogo agotadas para pasar a la acción legal. La estrategia busca que la Justicia obligue a las intendencias a presentar planes de obras detallado, transparentar el uso de los fondos específicos asignados a la vialidad rural y, en algunos casos, la devolución de lo aportado.
Desde el ámbito político, el reclamo es visto con preocupación, ya que un fallo masivo a favor de los productores podría obligar a una reestructuración completa de los presupuestos municipales. Mientras tanto, la tensión en las zonas rurales continúa creciendo, marcando un nuevo capítulo en la histórica y compleja relación entre el sector agropecuario y los gobiernos locales por el manejo de los recursos públicos.

Los caminos rurales siguen destruidos tras la última inundación de 2025 y, según denuncian los productores, los arreglos posteriores no estuvieron a la altura. Con nuevas lluvias, hay tramos directamente intransitables y rutas con el agua al borde. La cosecha permanece en el campo sin poder levantarse, lo que anticipa pérdidas económicas que impactarán especialmente en los trabajadores rurales.
En diálogo con ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), el trabajador en aguadas y molinería Javier Padrón expresó su preocupación: “Queremos que se hagan las obras necesarias, sea por el municipio o por un consorcio, porque sin caminos no se puede producir y la gente se va del campo”.
Además agregó que “los caminos quedaron hechos pedazos y pasó lo que tenía que pasar. Era la crónica de una muerte anunciada. Después de aquella inundación quedó todo así nomás. La semana pasada cayeron 200 milímetros y el camino a la escuela de La Corona —cerca de la estancia del mismo nombre— tiene más de 700 metros bajo agua, con una profundidad de 60 o 70 centímetros. La ruta 70 está destruida: en algunos tramos se puede pasar y en otros no”. (Nota de la redacción: La ruta 70 es un trazado de tierra que, desde Carlos Tejedor, empalma con la ruta provincial 65. Un eventual asfaltado incluiría localidades como Timote, Carlos Salas, Las Toscas, Martínez de Hoz, Quiroga, R. J. Neil y El Tejar). Padrón insiste: “La 70 está totalmente deteriorada. No podés circular a más de 20 kilómetros por hora, salvo que tengas una camioneta. Es un desastre. Y el camino a La Niña también está en las mismas condiciones”.

“Lo que pasó es simple: cuando bajó el agua de la inundación del año pasado, todos se olvidaron. No se hizo nada. Los caminos no se arreglaron, ni siquiera pasó la máquina. Yo hoy prácticamente no puedo llegar a mi campo: dejo la camioneta a 300 o 500 metros y sigo a pie con las herramientas, como el año pasado. Hace un año que venimos reclamando lo mismo y nadie responde”, continua explicando quien es hoy tesorero de la filial local de Federación Agraria Argentina.
En ese sentido, cuestionó el estado de la maquinaria vial: “Ahora hablan de aumentar la tasa vial, pero no sé en concepto de qué. La motoniveladora estuvo medio año parada, por no decir todo el año. Recién ahora la habrían arreglado y dio unas vueltas, pero nada más. Acá estamos abandonados, es un ‘sálvese quien pueda’. Los caminos se arreglan con maquinaria de los propios productores y el gasoil lo pagan las estancias o los chacareros. El municipio aparece solo para cobrar”.

Y expone una situación complicada al explicar que “la cosecha todavía está en el campo y no se pudo levantar. Ese es el problema: lo que no se levante hoy, es plata que no va a estar mañana. Y no se puede trabajar porque no hay caminos ni piso en los lotes”.
Padrón también opinó sobre el proyecto de consorcio vial presentado al municipio: “Más allá del nombre —consorcio o como sea—, nosotros queremos que las obras se hagan. Si el municipio cumpliera, no habría problema. Pero como no lo hace y nosotros no podemos producir, la producción se pierde y la gente termina yéndose del campo. Si el municipio no se hace cargo, que se pruebe con un consorcio. Lo que queremos es una solución”.

Un nuevo foco de conflicto estalló en el interior de la provincia de Buenos Aires. José Luis Salomón, intendente de Saladillo perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), ha expresado públicamente su malestar ante la posibilidad de que los productores agropecuarios de su distrito inicien acciones legales contra el municipio por el cobro de las tasas locales.
El desencadenante de esta disputa es la creciente disconformidad del sector rural frente a la presión fiscal municipal. Ante los rumores de que la Sociedad Rural local podría llevar el reclamo a la justicia, Salomón decidió romper el silencio y confrontar directamente a la organización, calificando la actitud de los productores como «descalificadora» para con la gestión pública.

Intendente José Luis Salomón (Saladillo)

En un tono inusualmente duro, el jefe comunal defendió la administración de los recursos y cuestionó la legitimidad del reclamo. Salomón comparó la carga de las tasas municipales con los costos privados que maneja el sector, señalando que lo que el municipio percibe en concepto de guías representa apenas una cuarta parte de lo que la propia Sociedad Rural cobra por sus remates de hacienda. «Nosotros no estamos en desacuerdo con lo que ellos cobran ni les pedimos que lo bajen«, enfatizó el mandatario para evidenciar lo que considera una doble vara por parte de los dirigentes rurales.
La confrontación surge en un momento de especial fragilidad para las arcas municipales. El intendente subrayó que su administración realiza un trabajo «responsable y solidario» para cubrir demandas sociales y de infraestructura que, según denuncia, no están siendo atendidas ni por el gobierno provincial ni por el nacional. Para Salomón, la amenaza de judicializar las tasas viales no solo es injusta, sino que ignora el esfuerzo del municipio por sostener los servicios básicos en un contexto económico adverso.
La Sociedad Rural de Saladillo prepara una asamblea de productores, en la que estará presente el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien logró sentencias en la Justicia que favorecieron al campo en referencia al cobro de tasas municipales.

                                                     Ignacio Bustingorry  (Pte. Soc. Rural de Saladillo)

El titular de la organización rural, Ignacio Bustingorry, expresó en el medio Séptima sección que “se están planteando amparos para que lo recaudado tanto en la tasa de red vial como de guías, vaya realmente al mantenimiento de la infraestructura de los caminos rurales”.
Mientras el campo analiza sus próximos pasos antes de una asamblea clave de productores de la cual va a participar el abogado Pablo Abbdón Torres Brathé, patrocinante de varias causas similares en otros distritos y quien consiguió fallos favorables a los productores sobre la tasa y/o cobro de la tasa de Red Vial,  cruce de declaraciones marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político local y uno de los sectores económicos más influyentes del distrito. Lo que comenzó como una queja por el estado de los caminos y el valor de las tasas ha derivado en una batalla política abierta que pone a prueba la convivencia institucional en el corazón productivo bonaerense.

La red de caminos rurales del partido de Nueve de Julio atraviesa una situación crítica que amenaza con paralizar la actividad logística en el inicio de la campaña de maíz y soja. La Sociedad Rural local denunció falta de planificación y una respuesta institucional insuficiente frente al deterioro de las vías de comunicación, esenciales para el traslado de la producción.
El malestar del sector agropecuario se profundizó este martes tras una nueva convocatoria del Municipio a la Mesa de Emergencia Hídrica, un espacio de trabajo que permanecía inactivo desde hacía más de 70 días. Según los representantes de la entidad ruralista, la reunión expuso una preocupante desconexión entre los informes oficiales y la realidad del territorio. Mientras las autoridades presentaron planes de trabajo a futuro, los productores alertaron que el 70% de los caminos ya se encuentran en mal estado, una cifra que agrava el escenario heredado del año anterior.

La capacidad operativa del municipio también ha quedado bajo la lupa. Se ha señalado que las tareas actuales se ejecutan con apenas tres máquinas, un despliegue que resulta insuficiente para cubrir la vasta extensión de la red vial afectada. Desde la Sociedad Rural afirman que existe una discrepancia marcada entre los informes de trabajos realizados y la nula intervención constatada en el terreno, lo que ha agotado la paciencia de un sector que viene solicitando un mantenimiento intensivo desde hace más de cuatro meses sin obtener soluciones concretas.
La problemática se extiende a la esfera provincial, donde el Ministerio de Desarrollo Agrario y las áreas de Vialidad e Hidráulica enfrentan reclamos por obras de infraestructura largamente postergadas. El comunicado marca como particularmente crítica la situación de los canales San Emilio Sur y El Gato, fundamentales para el escurrimiento hídrico de la región. Pese a que existían compromisos para incluir estas reparaciones en el presupuesto de 2025, la falta de avances y la ausencia de una estrategia coordinada mantienen en vilo a una cadena de servicios que exige decisiones urgentes antes de que el impacto climático y la falta de gestión tornen intransitables las arterias rurales.

La presidente de la Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio, Patricia Gorza reclamó la necesidad de las obras del Salado. Para ello se referenció en el Fondo Hídrico Nacional (FHN), que es un impuesto que se recauda cada vez que se carga combustible en todo el país. Toda esa recaudación, varias veces millonaria, va al FHN que se debe usar para las grandes obras que hay que hacer en el país.
“Una de esas obras y que ha estado siempre en carpeta en los últimos 20 años es el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado de la que dependemos todos los que estamos al noroeste de la provincia de Buenos Aires”, Gorza lo dijo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y agregó: “El Fondo Hídrico sigue recaudando todos los días cada vez que se activa el surtidor, pero son fondos que están paralizados y con este discurso de no a la obra pública terminamos en estas situaciones complejas. El famoso Nodo Bragado es una obra que no puede concluir hasta que no este terminado el dragado del Salado y toda el agua que tenemos en el Noroeste bonaerense, que va a través de canales a la Cuenca del Salado no puede agrandarse, tocarse, profundizarse, acelerarse, absolutamente nada hasta que no este hecho el Nodo Bragado. Por lo cual partidos como 9 de Julio, Carlos Casares, Carlos Tejedor, etcétera nos terminamos convirtiendo en el reservorio de agua de la provincia, en detrimento de la productividad y la vid de quienes habitan y habitamos la ruralidad. Somos una represa prácticamente. No se le da importancia, no se habla de este tema”.
Para la dirigente gremial es “un tema que todos los gobiernos tanto municipales como el gobierno de la provincia, como los legisladores, tienen que tener claridad que hay que exigirle al gobierno nacional que aplique los fondos. No le estamos pidiendo que saque una plata que no tiene de otro lado para esto. Está ahí paralizada en un plazo fijo sin bonos, un dinero de disponibilidad inmediata para las obras y estas no se ejecutan. Son esas cosas que no se entienden”.

Gorza explica la cuestión en números: “189 mil millones acumulados sin ejecutar en 2025. 343 mil millones disponibles proyectados en 2026 sin ejecutar del FHN que es el que necesitan las obras de la Cuenca del Salado para avanzar con rapidez. Mientras tanto acá nos matamos por una alcantarilla, por una retro”.

Propuesta del Consorcio Vial y la Mesa de Emergencia

Con respecto a la propuesta de Consorcio Vial presentada días atrás a la Intendente Gentile, Patricia Gorza manifestó que la entidad se encuentra en la etapa de presentación a los distintos bloques de concejales “para tratar de conformar entre el Ejecutivo y los distintos bloques un espacio de diálogo y de intercambio”.

Con respecto a algunas repercusiones por el consorcio aclaró: “Quienes estén o no estén de acuerdo con el consorcio, lo principal es que primero lean el proyecto y segundo que hablen con nosotros para ver que opinamos porque si hay algo que nos caracterizó siempre (enfatiza) cualquiera que haya participado hace un año ya en nuestras mesas de trabajo y en la Mesa de Emergencia Hídrica, sabe que la Federación Agraria tuvo siempre el foco puesto en las cuestiones sociales de la ruralidad. Fuimos de los pocos que pusimos sobre el tapete la cuestión de las escuelas rurales y la situación de los habitantes de la ruralidad, no solamente en las localidades sino en todos los trabajadores rurales que eran los que tenían que poner el cuerpo y lo van a tener que seguir poniendo durante toda esta cuestión de crisis hídrica”.

Funcionamiento y desafíos de la Mesa de Emergencia Hídrica

El martes 22 de abril se reunió por primera vez en el año el Comité de Crisis de la Mesa de Emergencia y paralelamente la cantidad de lluvia caída y la que caía en ese momento no era el marco propicio para llevarla a cabo; pero ocurrió así porque estaba pactada de antemano y muchos aprovecharon para hacer catarsis por la situación particular que vivían. Estuvieron presentes las autoridades municipales, representantes de autoridades provinciales y todos los actores de la Mesa y entidades rurales: “Fue una convocatoria muy grande -dice Gorza- pero el marco del día de ayer no era el propicio por los enojos y cuando está lloviendo así sabes lo que está pasando en los ánimos que se ponen un poco complicados. Habría que hacer un par de ajustes en la Mesa de Emergencia Hídrica para poder darle un funcionamiento más orgánico y eficiente; que quienes vayan a esas reuniones vayan con el compromiso de trabajar y no de hacer catarsis, porque deben ser reuniones ejecutivas para solucionar problemas. Después de 13 meses exactos en emergencia hídrica estamos en condiciones de que esta mesa adquiera un marco de formalidad con temario incluido y con normas que tienen que tener las mesas para que funcionen. Un marco más orgánico y más ordenado para que el trabajo sea constante en el tiempo, más cuando todos sabíamos y sabemos que el verano era una ‘ventanita’, un recreo que nos daba la emergencia, nada más. Con precipitaciones normales íbamos a estar complicados y ahora sabemos que a partir de julio tenemos un pronóstico que nos plante un fenómeno Niño intenso que puede tener eventos climáticos muy complicado. Con lo cual no podemos seguir corriendo detrás de la zanahoria, atrás del problema. Necesitamos ponernos adelante del problema y generar algún sistema de prevención y de planificación y hoy deberíamos estar discutiendo ante eventuales escenarios ¿Qué vamos a priorizar y con qué? Y eso no está pasando y es uno de los problemas que tiene esta Mesa y en general como se ha abordado la situación del agua”.

Transparencia de fondos viales y tasa rural

Finalmente, la presidenta de la filial de la Federación Agraria Argentina mencionó que en esa reunión de ayer “hay un planteo del Ejecutivo Municipal del aumento de la tasa vial, que nosotros no vamos a avalar un aumento en tanto y en cuanto sigamos sin tener respuesta con respecto a la transparencia de los recursos, que es lo que venimos pidiendo desde mayo del año pasado. El municipio en el primer trimestre del año, entre la recaudación que recibió por la tasa de red vial, más la transferencia de algunos subsidios del Ministerio de Asuntos Agrarios para los caminos, más la coparticipación de la Ley 13010, más el Fondo Compensador de caminos rurales, más la descentralización tributaria del inmobiliario rural de libre disponibilidad recaudó 1000 (mil) millones de pesos. Necesitamos que nos expliquen como lo usaron. Estamos hablando de recursos que están destinados pura y exclusivamente a los caminos rurales. Necesitamos empezar a hablar en serio de la transparencia del recurso”.

La Sociedad Rural de Nueve de Julio fue sede ayer martes de una capacitación clave para operarios de maquinaria agrícola. El curso presencial para aplicadores terrestres de fitosanitarios representa un paso administrativo y técnico obligatorio para quienes buscan obtener o renovar el carnet habilitante exigido por la normativa de la provincia de Buenos Aires.   La iniciativa, impulsada por la Municipalidad local a través de la Subsecretaría de Producción, contó con la coordinación del Ministerio de Desarrollo Agrario provincial y el respaldo técnico del INTA, CASAFE y la Sociedad Rural. La convocatoria, que agotó sus cupos limitados, refleja el interés del sector agropecuario por profesionalizar las tareas de campo y cumplir con los estándares legales vigentes.

A lo largo del encuentro, los especialistas profundizaron en las tecnologías de aplicación y las denominadas buenas prácticas agrícolas. Un eje central de la formación fue la gestión responsable de los envases vacíos, un punto crítico para mitigar el impacto ambiental. Asimismo, se repasaron las obligaciones legales contempladas en la Ley Provincial de Agroquímicos, haciendo especial hincapié en la obligatoriedad de la receta agronómica como documento de control sanitario.
Esta capacitación forma parte de un programa integral que busca equilibrar la productividad del sector con la protección del entorno. Al certificar los conocimientos de los aplicadores, las autoridades locales y provinciales pretenden asegurar que el uso de productos fitosanitarios se realice bajo estrictas medidas de precaución, priorizando tanto el cuidado de la salud pública como la preservación de los ecosistemas regionales.

En el marco del X Taller de Caminos Rurales celebrado en Benito Juárez, el municipio de Junín se posicionó como un referente en la gestión de infraestructura productiva. Lo que comenzó hace meses como una respuesta urgente a un reclamo histórico del sector agropecuario, se ha convertido hoy en un caso de estudio para otros distritos bonaerenses. El ex intendente y actual senador provincial Pablo Petrecca, junto al equipo técnico, expuso los pilares de un sistema que combina la tercerización estratégica con un control estatal riguroso, actualmente en funcionamiento en Junin.
Durante años, el mantenimiento de los más de 1.300 kilómetros de caminos que conforman la red vial de ese Partido dependió exclusivamente de la maquinaria y el personal municipal, un esquema que terminó por mostrar signos de agotamiento ante la magnitud del territorio y la variabilidad climática. La decisión de girar hacia la tercerización no fue solo un cambio administrativo, sino una respuesta a la demanda de previsibilidad de los productores. Bajo el nuevo esquema, empresas especializadas asumen la operatividad, permitiendo al Estado municipal concentrarse en su rol de planificador y auditor.

Uno de los puntos que más interés despertó entre los asistentes al taller fue la integración de los propios productores en la toma de decisiones. No se trata simplemente de contratar una empresa, sino de haber creado una Comisión de Seguimiento donde las entidades rurales tienen voz y voto. Esta articulación asegura que las prioridades de intervención no se definan desde un escritorio, sino a partir de la realidad del campo. El sistema se apoya en cuatro bases operativas estratégicas —ubicadas en Morse, Fortín Tiburcio, Saforcada y Agustín Roca— que permiten una respuesta descentralizada y ágil.La eficacia del modelo tuvo su prueba de fuego durante las intensas lluvias de la última temporada.

Mientras que en el sistema anterior los excesos hídricos solían paralizar las tareas, el nuevo esquema de gestión permitió reformular la logística sobre la marcha, priorizando el drenaje y la recuperación de la transitabilidad en los puntos más críticos. Según destacaron los funcionarios en Benito Juárez, el balance actual muestra que se ha logrado cubrir casi la totalidad de la red vial, no solo con mantenimiento superficial, sino con obras de ingeniería hídrica diseñadas para prevenir futuros aislamientos.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo de fuerte impacto al reconocer la gratuidad de pleno derecho en una causa iniciada por una comunidad indígena contra el Municipio de Junín, donde se cuestionan fumigaciones con agrotóxicos en zonas cercanas a poblaciones, escuelas y cursos de agua. La decisión establece que defender el ambiente y la salud no puede depender de la capacidad económica de quienes reclaman.
El voto del juez Sergio Torres fue central dado que allí se afirma que la gratuidad en materia ambiental no es un beneficio excepcional, sino una consecuencia directa del derecho a un ambiente sano. En esa línea, se apoya en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú para sostener que el acceso a la justicia no debe tener costos prohibitivos.
El fallo también reconoce la situación particular de la comunidad actora, un pueblo indígena en zona rural, expuesto a fumigaciones y con presencia de menores. Esa vulnerabilidad interseccional exige, según la Corte, una protección reforzada y la eliminación de barreras económicas que dificulten el acceso a los tribunales.
Para los llamados pueblos fumigados, la decisión tiene un valor estratégico. Litigar en estos casos nunca fue solo discutir distancias, sino enfrentar un modelo productivo que históricamente trasladó los costos a las comunidades afectadas. En este contexto, la Corte da un paso más allá de sus antecedentes y consolida un criterio claro: el acceso a la justicia ambiental debe ser libre de trabas económicas. De lo contrario, el derecho al ambiente sano corre el riesgo de quedar en una declaración formal.

El abogado Pablo Abdón Torres Barthé, que viene realizando la presentación de productores rurales de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe en la denuncia por el uso indebido de fondos de la tasa vial en esos municipios, advirtió sobre las consecuencias del abandono en la infraestructura vial y sanitaria. Lo hizo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).
Torres Barthé, habló del concepto ciudadano que llamó “la revolución de las transparencias”, agregando que: “Hay muchos productores rurales que tienen que abonar una tasa para mantener los caminos rurales. Nosotros dejamos de cuestionar el monto y lo que queremos es tener caminos rurales efectivamente y para eso la primera acción que estamos haciendo es exigiendo una rendición de cuentas públicas sin pasar por el Concejo Deliberante, sin pasar por la clase política y que nos digan cuanto recaudan de tasa por caminos rurales y cuanto gastan en ellos y cual es el cálculo que hacen para fijar la tasa vial. Porque lo que estamos observando prima facie en algunos municipios es que se recaudan 5 mil/6 mil millones de tasa vial y después cuando averiguamos cuanto se gastó nos encontramos en que se gastó 1000/1500 millones de pesos: la diferencia es enorme y la realidad es que los caminos están muy deteriorados y eso no solo perjudica a la producción y al productor que tiene que sacar de su bolsillo para arreglar el camino generando un sobrecosto en los productos alimenticios de todo el país sino que además genera problemas en la gente que vive del campo, en el campo, docentes, alumnos y trabajadores de todo tipo”.

Torres Barthé, representante de productores rurales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, aseguró que avanza en una serie de acciones judiciales contra municipios por el presunto desvío de fondos de tasas rurales, en un contexto donde los caminos se encuentran en estado crítico y sin mantenimiento. Situación que se repite en Henderson, Daireaux, Necochea, Baradero, General Alvarado etc.
“En Henderson ya hay sentencia firme y estamos esperando que la municipalidad finalmente informe qué hace con los fondos. Intentaron cobrarnos 917 mil pesos por copias de documentación, pero el juez les ordenó que presenten todo en formato digital”, explicó en diálogo con ‘Temprano para todo’.
El letrado indicó que la situación no es aislada: “En Baradero también tenemos sentencia de primera instancia. La municipalidad apeló, pero como es un amparo, no tiene efecto suspensivo. Ya informaron parcialmente y seguimos avanzando. Ahora iniciamos acciones en General Alvarado y en Necochea”.
Torres Barthé amplió diciendo que: “los municipios resisten otorgar información amplia, y en forma rápida y por lo tanto los productores se organizan con estas presentaciones judiciales» y agregó que «el problema es estructural y trasciende los colores políticos. La dinámica es la misma en todos los municipios: hay una apropiación sistemática de los recursos sin contraprestación real de servicios”.
El abogado subrayó que no se oponen al cobro de tasas, sino a su mal uso: “No estamos en contra de las tasas. Lo que queremos es que el dinero se destine a lo que corresponde: caminos rurales. La gente quiere caminos para poder vivir, trabajar y acceder a servicios básicos”. Existe una lógica política detrás del problema: “Como la mayoría de los votos está en las ciudades cabecera, los intendentes destinan los recursos ahí para captar votos. El campo, que representa menos votos, queda abandonado”. En ese sentido, alertó sobre consecuencias a largo plazo: “Los pueblos están desapareciendo porque es inviable vivir sin caminos, sin salud, sin servicios. La conectividad en el campo es el camino, no tenerlo implica aislamiento total”. Y concluyó diciendo que «mi sueño es no tener que dedicarme a esto, porque mi sueño es que los políticos hayan aprendido la lección y los ciudadanos hayan aprendido el poder que tienen”.

La situación de los caminos rurales en el Partido de 9 de Julio, tal como se la conoció el año pasado, no ha desaparecido. Si bien hoy se puede decir que se alejó la gravedad que tuvieron su estado y mantenimiento en gran parte del año, el contexto vivido movilizó a distintos actores a tratar de encontrar soluciones a ese escenario para el mediano y el largo plazo. Uno de esos actores es la filial local de la Federación Agraria Argentina, cuya presidenta, Patricia Gorza y su vicepresidente, Kevin Shanly presentaron, la semana pasada, un proyecto para crear un Consorcio Vial Rural a la intendenta María José Gentile que en la ocasión estuvo acompañada por los funcionarios Cristian Poggi (a cargo en forma transitoria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos) y Carlos Balle.

Hoy Patricia Gorza dio detalles de esa iniciativa en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) que busca transformar la gestión de la infraestructura básica en el distrito a través de un modelo participativo que optimice los recursos municipales y garantice la transitabilidad en las zonas productivas y que toma el modelo ya probado en el partido de Benito Juárez, como ella misma se encargó de remarcar un par de veces. Ahora corresponde una devolución del municipio quién evaluará la propuesta, apuntada a la resolución de un problema secular, que se va agravando según pasan los años.
“Estamos convencidos desde la Federación Agraria que es una salida posible y viable para la situación que tenemos de los caminos y pensando en el mediano y largo plazo, sobre todo en el largo plazo porque son todas cosas que llevan tiempo” explicó la dirigente rural.

El consorcio de Benito Juárez al que alude Gorza tiene 20 años de experiencia y para ella “funciona muy bien y las características de 9 de Julio son muy similares, productivas y de infraestructura a las de aquel distrito cuando inició el consorcio”. Agregó que “la idea es presentárselo a los distintos bloques y a todo el sector institucional. Además, planificamos para el próximo mes una asamblea abierta -no hay día ni lugar definido aún- donde expondrán especialistas en el área para saber de qué se trata el sistema de consorcios. Es un cambio en las formas. Un cambio estructural a largo plazo que tiene que salir por consenso”.
También la dirigente rural remarcó “la fuerte presencia de todos los actores dentro de la composición del consorcio, quienes toman las decisiones en los consorcios son los productores, los transportistas, los contratistas, las personas que representan la educación rural, además del municipio. Es tomar el control de nuestra realidad y trabajar sobre eso, asumiendo la responsabilidad que eso implica, el compromiso que eso requiere. Es un proceso largo. Este año esperamos discutir el tema, pulirlo, elaborarlo tratar de tener el consenso necesario político e institucional para elaborar la ordenanza y el año que viene empezar a trabajar firme sobre un modelo de gestión distinto, que no es la privatización de caminos”.