Crisis lechera y algo más. Durante la semana nuestra ciudad fue sede de una asamblea regional en donde se trató la crisis lechera. Allí entre todas las deudas pendientes se habló sobre un tema, el del IVA que el estado cobra en la cadena de producción y que queda, en su mayor parte, por no decir en todo, en la AFIP.
Es cierto que la crisis lechera es una de las tantas herencias que recibimos de la necedad de la era kirchnerista. Pero también es un momento oportuno para quizás replantear uno de los impuestos que se ven como más infames sobre la canasta básica en una población que se presume más del 40% está por debajo de la línea de pobreza y cuya infancia está seriamente en peligro, en términos alimentarios.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto al consumo, que se aplica a la venta de cosas, a la prestación de servicios y a las importaciones de ciertos bienes. Los impuestos al consumo gravan al acto de consumir bienes y servicios : tanto alimentos, bebidas, indumentaria, artículos de tocador y perfumería, combustibles, servicios públicos, seguros, etc. Estos impuestos además son un mecanismo para financiar el gasto público mediante el cual el Estado redistribuye ingresos desde los sectores más ricos hacia los más vulnerables, sean personas, sectores económicos o regiones y son en sí mismos un instrumento de redistribución de ingresos.
Los impuestos son parte de la Política Tributaria que debe ser equitativa, es decir, promover la igualdad. Este concepto comprende la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera se refiere a que si dos contribuyentes tienen iguales características deben ser tratados de igual manera, mientras que la equidad vertical se basa en que las personas con diferente capacidad de pago ( los de menores ingresos ) deberían pagar diferentes cantidades de impuestos.
El concepto de progresividad establece que para que un impuesto sea equitativo un contribuyente de mayores ingresos debería pagar más no sólo en valor absoluto, sino también proporcionalmente.
Dado que los hogares de menores ingresos gastan en consumo todos sus ingresos y los hogares de mayores ingresos tienen capacidad de ahorro, los primeros tienen todos sus ingresos gravados mientras que los segundos solo una parte de ella. De lo anterior se desprende que el IVA no tendría que ser aplicado a los bienes que conforman la canasta básica (como el pan, el agua y la leche).
Uruguay (con el 22%) y Argentina (con el 21%) son las naciones de América Latina donde los consumidores pagan más IVA, con índices similares a los de muchos estados de la Unión Europea. Pero paradógicamente estos países aunque tienen siempre su mirada puesta en Europa, está lejos de ser como ella.
Por lo general, la decisión sobre qué bienes y servicios pagan más, menos o ningún IVA depende de la política económica de cada gobierno: a qué franja de la población desea beneficiar y a qué sector productivo quiere apoyar. Recientemente, y durante una de sus últimas presentaciones, el presidente Mauricio Macri, volvió a manifestar su voluntad de lograr una Argentina con pobreza cero. La apertura de este nuevo gobierno también quedó manifestada en la visita que hizo el ministro Sarquis a nuestra ciudad. Quizás, una excelente posibilidad para que las palabras se condigan con los hechos. Hechos que serían por demás beneficiosos para las franjas más vulnerables de argetninas si irían acompañadas por una disminución en la presión tributaria de quienes menos tienen a través de eliminar este gravamen que ignominiosamente afecta productos básicos y elementales como el agua envasada, la leche y el pan.