Desde la Asociación de Empresarios (ENAC) calificaron al proyecto como “oportunista” y volvieron a reclamar la emergencia para el sector.
La única entidad empresaria que expuso en la Legislatura bonaerense sobre la Ley de Góndolas impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal se manifestó en disconformidad con el texto aprobado en la Cámara alta el jueves pasado.
Es que, según advirtieron desde la Asociación de Empresarios (ENAC) el proyecto “lo único que hace es burocratizar las relaciones comerciales”. “Propusimos cambios, pero parece que la opinión de las pymes no les importó”, apuntaron.
“La iniciativa sólo busca auditar y controlar los contratos entre los proveedores y los supermercados algo para lo que no está preparada la administración bonaerense”, remarcó el presidente de la ENAC, Leo Bilanski.
En rigor, el articulado sólo insinúa “´procurar´ la inclusión de las pequeñas y medianas empresas como proveedores habituales”, dejando a consideración de las grandes cadenas la aplicación de la norma.
“Nosotros planteamos democratizar las góndolas, garantizar el acceso al 30% del espacio para las pequeñas y medianas empresas alimenticias algo que casi no precisa el proyecto de Vidal”, aseguró Bilanski.
La propuesta, que aún deberá pasar por la Cámara baja para su sanción definitiva, tampoco predispone una determinada cantidad de superficie a cubrir por las pymes y sólo contempla que no “podrá ser menor al 10% del espacio”.
Asimismo, el referente del sector consideró que “es una ley oportunista y que no tiene nada que ver con lo que se está tratando en el Congreso de la Nación”. “De hecho, lo que buscan tapar es el fracaso del proyecto ´góndola pyme’ que lleva adelante el ministro Tizado”, fustigó.
Por último, Bilanski cruzó a Cambiemos por “cajonear la emergencia pyme, en un escenario donde cierran 50 fábricas por día, los precios se disparan a niveles inalcanzables, con una inflación galopante y una recesión que va a perdurar más allá del 2019”.
Cabe recordar, que la ley de “subsistencia” que viene reclamando el sector pretende frenar las ejecuciones judiciales, tanto impositivas como financieras, suspender los cortes de servicios públicos y retrotraer las tarifas al 2017. Además, insta al Poder Ejecutivo a otorgar créditos a tasas subsidiadas.