La situación llevó a trabajadores rurales, gremios, padres de alumnos de escuelas y vecinos afectados por las fumigaciones, a interponer una acción ante la Suprema Corte Provincial. Foto Archivo
Luego de que el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires dictara una polémica resolución sobre la aplicación de agrotoxicos que entró en vigencia el 1 de enero último, los reclamos de varios sectores se hicieron oír.
La situación llevó a trabajadores rurales, gremios, padres de alumnos de escuelas y vecinos afectados por las fumigaciones, a tomar la decisión de interponer una acción ante la Suprema Corte Provincial para que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución «por conculcar la misma derechos humanos fundamentales reconocidos en la C.N. art.41, 12 y 28 de Cosnt. prov. Bs.As., art. 4 y concordantes de la Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente».
Según los afectados, en el caso del partido de General Pueyrredón, la resolución «es violatoria de la normativa vigente y el espíritu de protección y progresividad expresado en los fundamentos de una medida cautelar dispuesta por Jorge Omar Picorelli contra la comuna vinculada a la ordenanza Nº 21.296”.
En esa línea, los interesados en detener el proceso de fumigaciones especificaron que las autoridades del Poder Ejecutivo deben «poner el acento precisamente en la prevención de los daños; y realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse». (InfoGEI) Mg