La lección brasileña

El costo de no tener una representación gremial unificada es mayor que el de que tener varias. 

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner las autoridades del servicio sanitario de Turquía solicitaron formalmente iniciar negociaciones con sus pares del Senasa para habilitar –tal como ya tenían Brasil y Uruguay– la exportación de bovinos en pie.

La respuesta que obtuvieron fue un rotundo “no” (seguramente porque al cristinismo no le interesaba introducir un factor de demanda adicional que eventualmente pudiese afirmar los precios de la hacienda en el mercado local). Esas negociaciones fueron retomadas por el actual presidente del Senasa, Ricardo Negri, pero los turcos –debido a factores coyunturales internos– ya no están tan interesados en obtener nuevos proveedores de hacienda en pie.

En Brasil la representación gremial agropecuaria está en manos de una sola entidad –Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)– la cual, al disponer de un presupuesto enorme, puede contar con 219 representantes en los organismos públicos de Brasilia donde se toman decisiones políticas, además de disponer de un contacto permanente con el Frente Parlamentar da Agropecuária (más conocido como la “bancada ruralista”), de manera tal que no se le escapa nada en lo que respecta a cuestiones relativas a sus intereses.

La representatividad gremial agropecuaria en la Argentina, además de no estar unificada (existen cuatro entidades diferentes y cada una con una agenda propia), cuenta con recursos escasos e iniciativas vocacionales (como la Fundación Barbechando) instrumentadas con grandes esfuerzos personales de sus integrantes.

La principal fuente de financiamiento de la CNA es una contribución sindical universal y obligatoria vigente desde 1971 por una legislación federal específica. El aporte debe ser realizado por todas las explotaciones y empresas agropecuarias del país (estén o no afiliadas a una sociedad u organización rural de base). Para el caso de empresas agropecuarias a nombre de personas físicas, el cálculo del aporte se realiza en función del valor fiscal del total de hectáreas explotadas, mientras que para personas jurídicas la base es el capital social de la empresa.

La recaudación total proveniente de la contribución se distribuye de la siguiente manera: 60% para la sociedad rural de la zona en la cual se originó el aporte; 20% para el Ministerio de Trabajo (MTE); 15% para la federación agropecuaria regional; y el 5% restante para la CNA (la mordidadel MTE probablemente haya sido una concesión que los productores brasileños hayan tenido que hacer para que la corporación política les apruebe la norma). En aquellas regiones en las cuales no existe una sociedad rural, los recursos se distribuyen en un 60% para la federación agropecuaria regional, 20% para el Ministerio de Trabajo y el 20% restante para la CNA.

El único organismo al cual los productores agropecuarios –en este caso ganaderos– aportan recursos de manera obligatoria es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el cual, al tener una administración compartida con los frigoríficos, no necesariamente representa los intereses de los empresarios pecuarios (¿qué posición institucional tomará el Ipcva frente a la posibilidad de consolidar la exportación de novillos en pie para diversificar la demanda de hacienda?) (¿qué criterios se determinaron para que en 2017, según el último balance publicado por el Ipcva, se destinara apenas un 30% del gasto total a fomentar las exportaciones?

En las últimas semanas comenzó a circular un proyecto para crear una suerte de instituto lechero argentino financiado con aportes obligatorios realizados por tamberos e industrias lácteas. (¿es esa la solución para la lechería argentina? ¿unIpcva versión lechera?).

En naciones con baja calidad institucional–eufemismo genial para nombrar a países con reglas de juego flexibles y volátiles– el poder de lobby es central para formar parte de la cena y no del menú. Y para eso, además de una gran cantidad de efectivo, se requiere una posición unificada detrás de una agenda de trabajo común.

Brasil es una gran potencia agroindustrial en constante crecimiento. Argentina, en cambio, es una nación con un gran potencial agroindustrial. ¿Tendrá algo que ver eso con las diferencias existentes en lo que respecta a representatividad institucional? Para reflexionar.

Ezequiel Tambornini