(Por Paolo Barbieri – Concejal Cambiemos) El debate a raíz del veto del presidente Mauricio Macri al proyecto de ley anti empleo, es una excelente oportunidad para refrescar algunos conceptos constitucionales básicos.
Tanto los diputados, senadores y el propio presidente son quienes pueden presentar proyectos de ley, los cuales una vez debatidos deben ser aprobados por ambas cámaras. Completado el procedimiento pasa al presidente para que lo examine y decida si desecharlo o promulgarlo. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que una ley nunca puede ser vetada, lo que se veta es un proyecto de ley. Como segundo punto, queda absolutamente claro que el rechazo a un proyecto de ley es una facultad inherente al presidente y completamente constitucional.
Pero analicemos un poco más la cuestión:
Artículo 83: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación…”
Este artículo de la Constitución está expresando una de las condiciones más importantes de una República, la división de poderes. Se faculta al presidente a examinar los proyectos aprobados por el Congreso; pero la cosa no termina ahí, el Congreso puede volver a insistir con este proyecto y ahora sí el presidente se verá obligado a promulgarlo; y más aun en caso de promulgar el proyecto, la ahora ley puede ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Este es uno de los mejores ejemplos de los pesos y contrapesos que establece nuestro sistema republicano para que ningún poder esté por encima de los demás, y todos se controlen entre si.
Es comprensible que quienes ostentaron el poder durante los últimos 12 años no compartan esta situación, ya que estaban plenamente convencidos de la supremacía del poder ejecutivo por sobre los demás. Basta recordar los ataques sistemáticos a la justicia cuando los fallos no eran a su favor.
Pero sí es gran error que tilden al veto de no respetar las instituciones, cuando ellos mismos han vetado proyectos, como por ejemplo el 82% móvil. El Frente para la Victoria debería hacer la hipocresía a un lado y respetar las facultades del presidente que tanto defendieron en años anteriores, aun cuando no compartan su postura política.
Pero tampoco podemos esperar resultados positivos en este orden, porque el propio proyecto de ley vetado, ha sido refutado y criticado hace unos pocos años por quienes hoy con bombos y platillos pretenden sancionarlo. Es difícil hoy día borrar con el codo lo que ayer se escribió con la mano, porque la tecnología al alcance de todos expone a cualquiera.
Pero al fin y al cabo, entonces, son meras cuestiones de conveniencia política, y en ese punto es donde definitivamente no podemos coincidir. Presionar con un proyecto de ley, al que ni siquiera sus defensores consideran bueno para el país; plantear que esta vez funcionará, pese a que siempre que se ha utiulizado ha fracasado; ponerle un plazo de apenas 180 días a la supuesta protección del empleo. Me pregunto y ¿el día 181? ¿qué hacemos?.
Es, en fin, un discurso vacío que sirve únicamente para poner palos en la rueda. El presidente no está en busca de ninguna conveniencia política, no está de campaña, no es hora de estarlo. Está intentando generar un país previsible donde la gente se anime a invertir, y así generar trabajo.
El status quo no es el mejor, basta recordar que nuestro país es uno de los más sindicalizado del mundo, y casi la mitad de los trabajadores están en negro. Todo esto pese a la presunta defensa a los trabajadores que han promulgado quienes gobernaron los últimos 12 años.
Por eso es tiempo de recorrer otro camino, de cambiar alguna vez esa posición anacrónica que no ha generado nunca los frutos esperados.