Un relevamiento vecinal en Exaltación de la Cruz descubrió un panorama negro. Las fumigaciones, en la mira de la población de dos barrios. El Municipio titubea y el caso está en la Justicia.
Los rumores en el barrio eran muchos, cada vez más. Hablaban de enfermedad y muerte de muchos vecinos: los que se cruzaban a diario en el almacén o en el centro de salud y que, repentinamente, dejaron de desear los buenos días.
María Troilo, de 35 años, y la veinteañera Johana Tejera decidieron averiguar cuál había sido la suerte de hombres, mujeres y hasta niñas que ya no frecuentaban los lugares de siempre. Y la respuesta fue brutal: murieron de cáncer.
Así, con planillas confeccionadas por ellas mismas, recorrieron las 30 manzanas que componen el pequeño trazado de los barrios Esperanza y San José, en el partido de Exaltación de la Cruz, al noreste de la provincia de Buenos Aires. La misión era clara y directa: registrar los casos de enfermedades que sufrían los pobladores de la zona, presuntamente afectados por la constante exposición a los agroquímicos.
En un distrito como el comandado por Adrián Sánchez, un vecinalista que llegó a la intendencia de la mano del Frente para la Victoria, el sector agropecuario es vital para el desarrollo económico. Por ello, el monocultivo de soja transgénica demanda el uso de agrotóxicos, que son esparcidos, por aire y tierra, sobre las zonas urbanas, especialmente en las más próximas a las áreas de cosecha.
Los supuestos efectos de la fumigación fueron relevados por María y Johana, comprobando un dato aterrador: de 280 domicilios a los que acudieron, correspondientes a 30 manzanas, se detectaron 45 casos de cáncer. De quienes contrajeron esta letal enfermedad, 28 fallecieron, entre los que se cuentan cuatro menores de edad. Eran niñas de entre 13 y 15 años que desarrollaron tumores de útero, por ejemplo, algo infrecuente en seres humanos de tan corta edad.
En las planillas, y de manera anónima, también hicieron otras anotaciones, como enfermedades diagnosticadas en personas de su entorno. En este caso fueron 94 los hogares en los que pudieron comprobar diabetes, afecciones respiratorias o de tiroides.
Además, en varias de esas familias a las que visitaron hay algún integrante con cáncer y, también, con distintos trastornos de salud, presuntamente producto de las peligrosas fumigaciones.
A pesar del impacto que causó el trabajo de campo de las vecinas, la gravedad de la situación data de varios años. De hecho, la plataforma Exaltación Salud, un grupo conformado por vecinos y ambientalistas del distrito, presentó en noviembre de 2018 una Acción Preventiva de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva ante los juzgados en lo Civil de Zárate -Campana, con el patrocinio de letrados de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
El pedido de cautelar, que no registró avances, solicitó la suspensión de la fumigación a una distancia menor de 1.200 metros de la zona urbana, escuelas rurales, núcleos de viviendas habitadas, cursos de agua, postas sanitarias, centros asistenciales y villas recreativas y deportivas.
También pidió la suspensión del tránsito de maquinaria de fumigaciones y los depósitos de agrotóxicos en zona urbana.
La acción judicial respondió, según dijeron a La Tecla, a la demora por parte del Ejecutivo municipal en sancionar una normativa que regule la actividad de quienes fumigan sobre campos, escuelas o domicilios particulares, en cualquier día y horario y sin aviso previo. En ocasiones, obligando a evacuar a los alumnos, ante la nube tóxica que invadió las aulas.
Una de estas situaciones se vivió en marzo de este año en la Escuela 4 (primaria) y la secundaria Técnica N° 1 de Parada de Robles, cuando un avión fumigó sobre el establecimiento en pleno horario escolar, obligando a las autoridades a suspender las clases.
El escándalo que provocó el hecho puso a las autoridades municipales entre la espada y la pared. Luego de ignorar los reclamos vecinales, esta vez el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe las pulverizaciones aéreas de agroquímicos en todo el partido.
El Ejecutivo, también reaccionó, aplicando una infracción al productor responsable de violar la ley 10.699 de la Provincia y lo dispuesto por la Constitución nacional en materia de derechos de la población a la salud.
Desde las instituciones tuvieron una tibia y tardía decisión para frenar estas prácticas, con una pasividad que se evidencia en la nunca reglamentada ordenanza de 2012 para acotar las fumigaciones.
Más tarde, otra iniciativa, que fue trabajosamente elaborada por miembros de la sociedad civil exaltacrucense, fue cajoneada desde la Comuna, dando lugar a la acción judicial. Tras rebajar la gravedad del tema, el Municipio recibió a María y a Johana, responsables del censo. Y aunque se anoticiaron de los temibles resultados, dudaron de la eficacia del método. “Casi que nos dijeron que no confiaban demasiado en lo que habían hecho las vecinas”, señalaron desde las organizaciones ambientalistas locales.
La expectativa está centrada ahora en un relevamiento que, por estas horas, realiza el gobierno local, y que esperan coincida con lo que los vecinos registraron de ma-nera artesanal.
(La Tecla)